¿Qué nos queda del principio de justicia universal?

El principio de justicia universal ha sido uno de esos grandes principios del Derecho, desarrollado sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial y los juicios de Núremberg, que viene a manifestar que los Estados no están dispuestos a soportar la barbarie y la violación extrema de los derechos humanos y de otros intereses que afectan por igual a toda la comunidad internacional. Por ello, se establecen mecanismos de solidaridad internacional y cualquier Estado puede actuar en representación de la comunidad internacional para luchar y evitar la impunidad provocada por los vacíos legales o la falta de persecución de la violación de bienes jurídicos pertenecientes al orden mundial.

En este empeño, el art. 23.4 de la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante LOPJ) estableció un principio de justicia universal absoluto y concurrente para poder perseguir las graves violaciones de los derechos humanos o de intereses internacionales con independencia del lugar de comisión del delito y de la nacionalidad del autor. Este carácter absoluto y concurrente permitió a los tribunales españoles dictar la orden internacional de detención del dictador chileno Pinochet o condenar a varios militares argentinos y chilenos por algunas de las atrocidades cometidas bajo las dictaduras argentina y chilena.

Sin embargo, todo empezó a cambiar con la STS  de 25 de febrero de 2003, que resolvió el llamado “Caso Guatemala”, denunciado por Rigoberta Menchú ante la Audiencia Nacional por delitos de genocidio, tortura, terrorismo, asesinato y detención ilegal. En este caso el TS, apartándose de su función constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y llevando a cabo una intromisión ilegítima en las funciones del poder legislativo, estableció unos criterios no escritos en la ley para limitar el alcance de dicho principio y que dejara de tener el carácter puro o absoluto con el que lo aprobó el legislador en 1985. Inventó tres criterios de conexión que debían concurrir de forma alternativa para otorgar la competencia a los tribunales españoles, aunque la ley no establecía tales exigencias: a) que el autor se encontrara en España, b) que hubiera víctimas españolas o c) algún otro punto de conexión relevante con un interés nacional. En base a ello, el TS consideró que la AN no era competente para enjuiciar el genocidio del pueblo maya.

Pero, esta lamentable resolución judicial fue recurrida en amparo ante el TC que dio un varapalo al TS y anuló dicha sentencia por considerar que vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva, por establecer criterios contra legem que reducen el ámbito del principio de justicia universal y van contra su finalidad, que suponían la derogación fáctica de dicho principio. Por ello la STS 237/2005, de 26 de septiembre, abogó claramente a favor del principio de justicia universal absoluto y concurrente, tal y como fue concebido legalmente en 1985.

Empezaron a resolverse conforme al criterio constitucional los múltiples casos que estaban pendientes en la AN y con ello empezaron los problemas de relaciones internacionales para el gobierno español, sobre todo ya con países poderosos como China, Estados Unidos e Israel, algunos de cuyos (ex)dirigentes y militares fueron denunciados en los casos Tíbet, Falun Gong, Couso, Palestina, etc.

Las “quejas diplomáticas” de tan importantes países provocaron de forma inmediata la reforma “exprés” del art. 23.4 LOPJ mediante la LO 1/2009, de 3 de noviembre, auspiciada por el gobierno socialista y con el apoyo del partido popular, entre otros. Con esta reforma se acaba con el carácter absoluto y concurrente del principio de justicia universal, al establecer los criterios de conexión nacional que había apuntado la STS del “Caso Guatemala”, y que fue declarada inconstitucional, y el carácter subsidiario de nuestra jurisdicción.

Por tanto, como ya he denunciado, la reforma del art. 23.4 LOPJ operada por la LO 1/2009 es la crónica de la muerte del principio de justicia universal anunciada por la STS de 25 de febrero de 2003 en el “Caso Guatemala”.

Pese a ello, se decretaron órdenes internacionales de detención y entrega contra algunos de los denunciados a efectos de poder ponerlos a disposición de las autoridades españolas y seguir con las causas abiertas en la AN. Lo que nuevamente provocó la “queja diplomática” sobre todo de China por el “Caso Tíbet” y de Estados Unidos por el “Caso Couso”. Ante esta presión internacional de países tan poderosos, política y económicamente –no olvidemos que el 20% de la deuda española extranjera está en manos chinas-, el partido popular de forma inmediata y en ahora en solitario –aunque con mayoría absoluta- ha realizado una nueva “reforma exprés” del art. 23.4 LOPJ mediante la LO 1/2014, de 13 de marzo, para darle la “puntilla final” al principio de justicia universal y ya enterrarlo definitivamente. Aunque siempre cabe la posibilidad y esperanza de que el TC vuelva a resucitarlo, pues hay aspectos de la reforma de muy dudosa legalidad.

Los aspectos más importantes a reseñar de la reforma recién aprobada son:

 

1º. Se amplía el catálogo de delitos que dan opción a la persecución internacional de nuestros tribunales, lo que hay que valorarlo como positivo, pues en su mayoría se trata de delitos que eran reclamados para la justicia universal, como los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, delitos de desaparición forzada, trata de seres humanos, violencia contra la mujer y doméstica, etc.  Aunque también se eliminan algunos delitos sin motivo que lo justifique, como sucede con los delitos relativos a la prostitución o la mutilación genital femenina.

 

2º. Limita aún más el principio de justicia universal estableciendo nuevos criterios de conexión del hecho delictivo con intereses nacionales para su persecución por parte de las autoridades judiciales españolas. Así, se exige que el procedimiento de dirija contra un español o extranjero con residencia habitual en España, contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas, contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas con sede o domicilio social en España, que la víctima sea de nacionalidad española en el momento de la comisión de los hechos, etc.

Se trata de una serie de criterios establecidos de forma particularizada para cada delito, ya sea acumulativa o alternativamente, que hacen ciertamente difícil por no decir imposible la atribución de competencia extraterritorial a nuestros jueces para perseguir delitos tan graves como los descritos. En realidad, sobre el principio de justicia universal están operando los principios de personalidad activa o pasiva, con lo que se tergiversa el sentido y finalidad del significado del principio de justicia universal.

La imposibilidad de atribución de competencia es tal que de hecho ya se están produciendo excarcelaciones de narcotraficantes detenidos en aguas internacionales en narcobarcos cargados con toneladas de droga que estaban pendientes de juicio en España, de conformidad con la versión derogada de dicho principio, y que ahora por la intensidad y extensión de los criterios de conexión nacional establecidos obligan a sobreseer estos casos, pues España ha dejado de ser competente prácticamente para perseguir el tráfico de drogas si no hay un claro punto de conexión nacional de por medio. Me atrevería a decir que el principio de justicia universal se ha convertido en ahora en el principio de justicia nacional.

Por cierto, otra consecuencia adicional, en la que quizá no se ha reparado aún, que se derivará de la nueva regulación, será también la excarcelación de los patronos de cayucos interceptados también en aguas internacionales con inmigrantes en situación irregular con destino a España y que fueron ajusticiados ilegalmente por nuestros tribunales, cuando España no era competente para ello, como lo evidencia ahora el hecho de la excarcelación de los narcotraficantes egipcios interceptados en aguas internacionales frente a las costas de Almería o de los narcotraficantes sirios interceptados en aguas internacionales frente a las costas de Málaga. Pero podemos estar tranquilos, pues hasta la fecha no se ha organizado manifestación alguna en protesta por tales excarcelaciones, ni ha dimitido todavía ministro alguno.

Por otro lado, hay que señalar que los criterios de conexión nacional se establecen de forma discriminatoria, por lo que habrá víctimas de primera y de segunda, ya que el nivel de exigencias varía de un delito a otro.  Así, por ejemplo, las víctimas de terrorismo resultan privilegiadas respecto a las víctimas de trata de seres humanos o de violencia contra la mujer o doméstica, cuando es claro que en la actualidad el número de víctimas reales y potenciales por estos últimos delitos es mucho mayor que en el caso del terrorismo.

Además, este nivel de exigencia nacionalista aprobado por  el partido popular vulnera la Constitución española que da primacía a los tratados y convenios internacionales suscritos por España y que establece un procedimiento especial para su derogación y modificación (art. 96 CE), por lo que el Estado español no puede modificar unilateralmente un tratado, tal y como propone la nueva redacción del art. 23.4 LOPJ. Hay casos de justicia universal absoluta impuesta en tratados a los Estados parte, que no cabe soslayar con exigencias nacionalistas, que resultan contrarias a dichos tratados y con ello contrarias a la Constitución. Así sucede, por ejemplo, en el art. 129 del Convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de guerra, de 12 de agosto de 1948, en el art. 146 del Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1948. Preceptos de obligado cumplimiento que difícilmente impedirán que la AN mantenga su jurisdicción en el “Caso Couso”. También cabe destacar el art. 7 del Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, de 16 de diciembre de 1970, el art. 7 del Convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de 10 de diciembre de 1984, o el art. 7 del Convenio europeo para la represión del terrorismo, de 27 de enero de 1977.

Del mismo modo señalar que esta reforma se compadece mal con la jurisprudencia sentada por el TC en sus sentencias 237/2005 y 645/2006, donde abogó por una justicia universal absoluta y concurrente, frente a la limitada y subsidiaria que se ha aprobado ahora.

 

3º. La nueva redacción del art. 23.5 LOPJ refuerza el carácter subsidiario y no concurrente del principio de justicia universal, estableciendo criterios para verificar el posible enjuiciamiento de los hechos denunciados por otros tribunales, siguiendo los indicadores establecidos en el art. 17 del Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998. Tribunal que, como es sabido, tiene carácter complementario frente a los tribunales nacionales.

 

4º. El nuevo apartado 6 del art. 23 LOPJ deroga la posibilidad de ejercer la acusación popular para la persecución de los delitos comprendidos en los apartados 3 y 4 de dicho precepto, que sólo pueden ser perseguidos mediante la interposición de querella del agraviado o del ministerio fiscal. Con esta supresión de la acción popular, constitucionalmente proclamada (art. 125 CE), se resentirá claramente el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) en estos casos, pues la experiencia demuestra que son las asociaciones civiles protectoras de los derechos humanos quienes han tenido la iniciativa en el acopio de información y pruebas, denuncia y persecución de este tipo de hechos.

 

5º. La reforma, claramente motivada por razones político-económicas y no jurídicas, va acompañada además de una Disposición transitoria única que ordena el sobreseimiento de todas las causas que se encuentren en tramitación mientras no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la nueva ley. Con ello se produce una inaudita intromisión ilegítima del poder legislativo en el poder judicial, puesto que el sobreseimiento de un proceso judicial solo puede ordenarlo o acordarlo el órgano judicial competente en cada caso (art. 627 LECrim.), pero no el congreso de los diputados, que se ha arrogado una función constitucional que no le es dada, irrogando con ello perjuicios considerables a la Justicia.

 

Como reflexión final, señalar que el iter judicial y legislativo padecido por el principio de justicia universal en la última década parece ser un indicio claro de la situación actual del Estado español, pues comenzamos denunciando la intromisión ilegítima del TS en el poder legislativo con la jurisprudencia “creativa” en el Caso Guatemala y terminamos denunciando la intromisión ilegítima del poder legislativo en el poder judicial decretando por ministerio de la ley el sobreseimiento de los procedimientos judiciales –incómodos desde la perspectiva política y económica-. Por ello, cabe preguntarse: ¿qué queda de la división de poderes?, ¿qué queda del Estado de Derecho?, ¿quién toma las decisiones en nuestro país?, ¿qué queda de la configuración del Estado que nos dimos en 1978?, en fin, ¿qué queda del principio de justicia universal tras la reforma aprobada por la LO 1/2014, de 13 de marzo?…

 

Esteban Pérez Alonso
Catedrático de Derecho Penal
Universidad de Granada

One thought on “¿Qué nos queda del principio de justicia universal?

  1. 20 junio, 2014

    HOUSNI HOUMMI Responder

    En estrategias Internacionales de la efectividad de los derechos en la justicia universal,creo, que las terminologias de efectividad en los conceptos adaptados hasta ahora cambiaran de forma significativa hacia una fusión de adaptaciones, que no todos los Estados de Derecho estan lo suficientemente preparados…la parte positiva es el abnico de posibilidades de apertura de nuevos horizontes de colaboracion con el fin de consolidar la justicia universal desde los dos polos que hasta ahora han estado claramente divididos, reflejo de ello el proceso de solicitud de enjuiciamiento de Abachir de Sudan y la clara división interpretativa, cuando en el caso Nuremberg no era tan necessario tanto desacuerdo para evidenciar lo evidenciado.
    un saludo.

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